El portal InfoBae, detalló que la Fiscalía detectó que Oscorima no pasó por control biométrico de febrero a julio de 2023, así como enero de 2024, por ello, es que se le advirtió que se le puede revocar la comparecencia con restricciones que goza desde octubre de 2022.
Es así que la situación actual del gobernador regional de Ayacucho podría modificarse drásticamente y no a su favor, y es que no solo podría complicarse por los lujosos relojes Rolex que luce la presidenta Dina Boluarte.
Lo que sucede, es que Oscorima aún arrastra un proceso penal vinculado al Club de la Construcción, proceso en el que se le atribuye la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, colusión agravada y cohecho pasivo propio.
En dicho proceso, en octubre de 2022, cuando Oscorima ya era gobernador electo, el Equipo Especial Lava Jato solicitó que se le imponga prisión preventiva por 36 meses. Sin embargo, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, rechazó el pedido. Se le impuso mandato de comparecencia con restricciones sujeto a reglas de conducta, caso contrario se revocaba dicha medida y se dictaba prisión preventiva.
Entre las reglas de conductas, entre otras, se fijó la obligación de pasar por control biométrico cada mes e informar, de manera oral o escrita, sus actividades al juzgado. Esta es la regla de conducta que incumplió Wilfredo Oscorima.
Situación.
El Equipo Especial detectó que Oscorima no hizo control biométrico desde febrero a julio de 2023, así como enero de 2024. En relación a los informes de actividades, se deja constancia que tampoco acató dicha orden desde febrero a agosto de 2023, así como en febrero de este año. Por ello, se solicitó al juez Jorge Luis Chávez Tamariz, apercibir al gobernador de Ayacucho y reiterar el cumplimiento de las restricciones dictadas.
“Corresponde requerir al investigado Wilfredo Oscorima Núñez cumpla con las reglas de conducta impuesta en su contra, bajo apercibimiento, de revocar la medida en caso de incumplimiento, previo requerimiento de ley”, se lee en la resolución a la que accedió Infobae Perú.
