Más de 30 docentes que enseñan derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP), una de las mejores casas de estudios superior del país, emitieron un comunicado acerca de la liberación del dictado Alberto Fujimori, rechazando dicha medida y exigiendo a los miembros del Tribunal Constitucional (TC) a respetar las obligaciones internacionales del Perú en materia de derechos humanos.
En dicho pronunciamiento, condenan la falta de argumentos de los magistrados del TC y su desconocimiento del funcionmiento del Sistea Intermericano de Proteción de los Derecho Humanos, así como de la obligación internacional de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de su facultad de supervisar el cumpliminto de las rearaciones dispuestas en sus sentencias. En los casos de Barrios Alto y La Cantuta, se ordenó sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, por ello, la condena a Alberto Fujimori es parte del cumplimiento de dichas sentencias.
También reconocen la competencia de la Corte IDH para supervisar el cumplimiento de sus propias sentencias. La orden de inejecución del indulto al exdictador Alberto Fujimori radica en la facultad jurídica de la CIDH de que sus sentencias de los caso de Barrios Altos y La Cantuta tengan resultado reales y efectos útiles. Por lo tanto, la vía procesal correcta es el proceso de supervisión y la liberación del señor Fujimori con base a un indulto humanitrio supuestamente fraudulento, y cuya compatibilidad con la Convención Americana de derechos humanos no ha sido TC, incumple la orden de reparar a las víctimas y familiares de los casos mencionado y el deber internacional de sancionar a los responsable de graves violaciones a los derechos humanos.
Exhortan a la autoridade del Poder Ejecutivo a preferir la decisión de la CIDH sobre el auto del TC y a que la Procuraduría Supranacional agote todos los esfuerzos posible para que se respeten las resoluiones de supervisión el cumplimiento emitidas por la CIDH.
Asimismo, reiteran que el derecho fundamental de toda persona en el Perú es de acceder a la justicia internacional consagrado en el artículo 205 de la Constitución y el deber de todas las autoridades de no vaciar su contenido ni someterlo a maniobras políticas.
Finalmente, los catedráticos de la PUCP, hacen un llamado a sus colegas y a la sociedad civil en general a manifestarse pacíficamente en contra de esta sentencia y defender la institucionalidad, lo derechos humanos y el Estado de Derecho en el Perú.
“Nuestras más profunda solidaridad con las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, y sus familiares”; detallaron.
