Una suboficial de la PNP en etapa de gestación denunció ante la Defensoría del Pueblo de #Ayacucho, que recibió una serie de maltratos por parte de su superior, quien es el coronel Wilman Ruíz en la sede administrativa de la VIII Macro Región Policial de Ayacucho.
Los maltratos, según la suboficial, eran por su estado de embarazada a quien en muchas ocasiones la habría humillado psicológicamente, hasta incluso no habría permitido que acuda a sus controles prenatales, sabiendo de la condición delicada de su salud.
El hecho, terminó con la pérdida de su bebé, por ello, es que la Defensoría del Pueblo, denunció el hecho y de momento, el Poder Judicial dictó protección para la suboficial afectada y la rotación inmediata del mencionado coronel de la PNP.
MÁS. La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho denunció al jefe de la Unidad de Administración de la VIII Macrorregión Policial, por presuntos actos de violencia psicológica en agravio de una suboficial en estado de gestación bajo su mando, de conformidad con la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
La suboficial solicitó intervención de la sede defensorial, afirmando que el oficial policial quejado ejerció violencia psicológica en su agravio. Inicialmente, mandó a formarse a todo el personal con el fin de burlarse de su estado de salud. Luego, le atribuyó una infracción leve por haberse ausentado de su puesto para realizar otras actividades, pese a que laboró normalmente tal como pueden atestiguarlo sus compañeros que trabajan en la misma oficina.
Según indicó la agraviada, también le negó su solicitud de permiso para asistir a su cita médica, toda vez que el Policlínico Policial de Ayacucho no cuenta con equipos de ecografía, pese a conocer su estado de gravidez. Asimismo, el citado coronel de la Policía Nacional del Perú habría hecho alarde de su cargo de oficial.
“A nuestra solicitud, el Poder Judicial dictó medidas de protección contra este oficial policial, resaltando la prohibición de ejercer cualquier acto de violencia en agravio de la víctima a raíz de la denuncia, y de acercarse o comunicarse con ella en cualquier forma, a su domicilio, centro de trabajo o vía pública, bajo apercibimiento de ser multado con 1980 soles y detenido por 24 horas”, señaló David Pacheco-Villar, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho.
Del mismo modo, el Tercer Juzgado de Familia de Huamanga ha ordenado al jefe de la VIII Macrorregión Policial que disponga la rotación del oficial denunciado a otra unidad policial, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. Además, ha dispuesto tratamiento psicológico obligatorio para el efectivo policial y la remisión de copias del caso a la oficina de Disciplina de la Policía Nacional del Perú y a la fiscalía provincial penal corporativa de turno.
Para la Defensoría del Pueblo este tipo de resoluciones judiciales sientan precedente para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, incluso en espacios laborales jerarquizados que originan relaciones de poder desigual y desencadenan situaciones de violencia y discriminación.
