El semanario “Hildebrandt En Sus Trece” reveló el verdadero plan de Dina Boluarte y Alberto Otárola a fin de librarse de ir a la cárcel, por las muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023.
El plan es, responsabilizar a las militares y los policías de los asesinatos ocurridos en #Andahuaylas, #Ayacucho, #Juliaca y otros lugares del Perú.
En el documento que el gobierno envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, reconocen por primera vez la comisión de posibles excesos en el uso de la fuerza militar-policial y dan a entender que las fuerzas del orden envidadas a sofocar las manifestaciones a nivel nacional, incumplieron la “exigencias expresas” del poder político sobre el límite de la fuerza.
Es decir, Boluarte y Otárola, envían un mensaje al Ministerio Público, indicando que los militares no obedecieron sus ordenes, por lo que la responsabilidad es de los ellos.
Asimismo, se revela que el gobierno anunció a la OEA, una profunda reestructuración de las Fuerzas Armadas y que en los últimos meses se sancionaron a los jefes de patrullas que participaron en Ayacucho y Juliaca, cambiándolos de zona o lugar, mientras duren las investigaciones.
¿No que no habían excesos?
Lo cierto, es que el objetivo es apartar a la presidenta Dina Boluarte y al premier Alberto Otárola de las responsabilidades penales por los crímenes de 49 civiles en Ayacucho, Puno y otras ciudades del país, según se desprende del informe enviado por el Estado peruano ala CIDH.
Según la versión que el gobierno le dio a la CIDH, las muertes ocurridas durante las protestas no se produjeron por “decisiones políticas autoritarias”, “métodos gubernamentales ilícitos” o “prácticas de represión fuera del marco legal”, sino por un “contexto de confrontación permanente (entre manifestantes y agentes del orden) que se agudizó, al punto de producir consecuencias lamentables”
Es decir, que los ¿militares y policías e volvieron locos y dispararon a matar porque les dio la gana? El gobierno no dice tal cosa, pero reconoce -por primera vez y de manera oficial- que ‘los posibles excesos en el uso de la fuerza militar-policial son objeto de investigación y seguirán su curso procesal a fin de determinar las responsabilidades individuales”, según la respuesta que el Estado peruano entregó a la CIDH.
La posición del gobierno coincide con una declaración que el premier Alberto Otárola brindó ala Fiscalíade la Nación en febrero pasado. En esta diligencia Otárola manifestó que la ejecución de los planes operativos elaborados para reestablecer el orden durante las protestas que dejaron 49 civiles muertos correspondió únicamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Sin embargo, ante los medios de comunicación de Lima, Boluarte y Otárola, indicaron que las Fuerzas Armadas actuaron de manera correcta y hasta los califico de héroes, demostrando un doble discurso que a las finales solo buscan evitar que sean juzgados por las muertes ocurridas en su gobierno.
