La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en el Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS), que involucra a siete funcionarios y trabajadores de dicha dependencia, quienes tendrían responsabilidades de tipo penal, civil, administrativa y Proceso Administrativo Sancionador (PAS), el cual se evidenció en la auditoría de cumplimiento y controles específicos.
Entre los principales documentos emitidos, destaca el Informe de Control Específico N.º 038-2023-2-3390-SCE, realizado al PESCS sobre hechos con presunta irregularidad en la “Adquisición de compresora neumática, para el proyecto: “Creación del servicio de agua en el sistema de riego Antabamba, distrito de Antabamba, provincia de Antabamba, departamento de Apurímac, adjudicación simplificada N° 002-2023-MIDAGRI-PESCS-CS.
La Comisión Auditora de la Contraloría General de la República, mediante el Órgano de Control Institucional, concluye que el comité de selección de la adjudicación simplificada N° 002-2023-MIDAGRI-PESCS-CS, a pesar que el postor Importaciones Mavalci EIRL no acreditaba fehacientemente que contaba con autorización de concesionario de la marca en el Perú o distribuidor, tampoco poseía experiencia en la especialidad; cuyos requisitos eran obligatorios para determinar que el postor contaba con las capacidades necesarias para la ejecución del contrato, por unanimidad procedieron a calificar, evaluar y otorgar la buena pro al mencionado postor por el monto de 199,700.00.
Para consumar el proceso abiertamente irregular, se emitió la carta N° 002-MIDAGRI- PESCS-AS002, de fecha 17/05/23, mediante el cual notificaron su decisión de otorgamiento de la buena pro a pesar de que el postor Corporación Zeus Inversiones SAC había formulado su denuncia señalando que el postor Importaciones Mavalci EIRL no era concesionario ni tenía experiencia en la especialidad; cuyo hecho hizo que la entidad suscriba el contrato N° 081-2023-MIDAGRI-PESCS del 26/05/23; afectando el correcto desarrollo de la contratación pública, haciendo prevalecer los intereses privados sobre los intereses del Estado.
Asimismo, el especialista en Abastecimiento y Servicios Generales (Especialista Administrativo A) en su condición de órgano encargado de las contrataciones, lejos de corroborar la veracidad y exactitud de los documentos presentados por el denunciante Corporación ZEUS Inversiones SAC, se avocó a recabar información de los miembros del Comité de selección y del postor ganador de la buena pro Importaciones Mavalci EIRL.
Es más, en lugar de darle el tratamiento correspondiente a una denuncia, le solicitó al denunciante que cumpla con los procedimientos establecidos en el artículo 122 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), referidos a interposición de recurso de apelación; no obstante, el denunciante reiteró que no se trataba de recurso de apelación, sino de una denuncia; aun así, no realizó ninguna acción conducente a la verificación de la información presentada por el postor que obtuvo la buena pro, ni cumplió con lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del RLCE, donde por el contrario, el documento del denunciante fue archivado, cuyo hecho hizo que la entidad no pueda ejercer su derecho a las acciones legales correspondiente.
ÓRGANO DE CONTROL. Con oficio N° 315-2023-MIDAGRI-PESCS/OCI-1602 del 15/12/23, el Jefe del Órgano de Control Institucional del PESCS, Janet Doris Ogosi Cusicahua, remitió el Informe de Control Específico N.º 038-2023-2-3390-SCE al Ing. Francisco De La Cruz Ayala, director Ejecutivo del PESCS, donde comunica el inicio el Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad a la “Adquisición de compresora neumática, para el proyecto: Creación del servicio de agua en el sistema de riego Antabamba, distrito de Antabamba, provincia de Antabamba, departamento de Apurímac, adjudicación simplificada N.° 002-2023-MIDAGRI-PESCS-CS”; en el Proyecto Especial Sierra Centro Sur.
Habiendo transcurrido más de dos meses, hasta el momento dicho funcionario no ha tomado cartas en el asunto, por el contrario, ha designado en cargos claves y de confianza a los funcionarios involucrados en el mencionado proceso irregular, quienes tendrían responsabilidad, tanto penal y administrativo, como es el caso de Víctor Reonil Alarcón Núñez, quien ahora viene desempeñándose como Director de la Oficina de Administración del PESCS, designado mediante Resolución Directoral N° 0366-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, avalando a que dichas irregularidades no sean castigadas con la severidad que amerita.
La pregunta que muchos se formular es si el mal proceder y hechos oscuros que se vienen evidenciando al interior del PESCS por parte de algunos malos funcionarios, tendrá conocimiento la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras Álvarez, quien tomarán cartas en el asunto o será una raya más al tigre, donde la impunidad y corrupción seguirán carcomiendo a las principales instituciones del Estado, perjudicando a los beneficiarios.
Cabe precisar que los servidores inmersos en la presunta responsabilidad penal y administrativa son: Norma Meneses Rojas, directora Zonal de Cusco, Pelagia Sosa Méndez, Diana Huarancca Parado, Víctor Reonil Alarcón Núñez, Marco Antonio Córdova Arango, Félix Cisneros Flores y Fausto Mendoza Quispe.
DATO
La Contraloría General de la República identificó a 258 funcionarios públicos de la región Ayacucho con presuntas responsabilidades de tipo penal, civil, administrativa y PAS (Proceso Administrativo Sancionador) como resultado de auditorías de cumplimiento y controles específicos, emitidos durante el año 2023.
El Gerente Regional de Control de Ayacucho, Wilmer Figueroa Mendoza, precisó que dichos funcionarios habrían incurrido en 551 presuntas responsabilidades, de las cuales 259 serían penales, 69 civiles, 156 administrativas y 67 enmarcados en el PAS, generando un perjuicio económico al Estado por 32 millones 984 mil 310 soles, el cual se evidenció en un total de 2 640 informes de control en Ayacucho, de los cuales 620 corresponden al control posterior.
