Un informe confidencial del Ejército de Perú confirmaría que militares dispararon “a quemarropa” contra las personas que participaron en las protestas de repudio a la presidenta, Dina Boluarte, el 15 de diciembre de 2022, en la región de Ayacucho, donde 10 personas perdieron la vida, según reveló en exclusiva el medio ‘La Encerrona’.
En el documento oficial, revisado por el medio en base a una ley peruana de acceso a la información pública, el capitán Víctor Grados llamó a sus colegas a “asumir su responsabilidad dando la cara”, durante una inspectoría del Ejército.
Grados se refirió a los “verdaderos responsables” por “haber disparado a quemarropa contra la turba de manifestantes” e identificó a cuatro patrullas.
Las autopsias mostraron que todas las personas fallecieron en Ayacucho por disparos letales de armas de fuego dirigidos al tórax, abdomen y cabeza, mientras que alrededor de 72 más terminaron heridas por armas y objetos contundentes.
Así se desprende del informe de mayo pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reseña caso por caso, como el de un adolescente de 15 años, que murió de un trauma toráxico por proyectil de arma de fuego, o el de Jhon Henry Mendoza Huarancca (34), que se dirigía a casa de un socio, pero quedó atrapado en medio de los disparos y recibió uno en la cabeza.
Negación
A pesar de la evidencia de lo ocurrido, hace casi un año, el Ejército peruano desestimó las acusaciones contra los militares y negó que existiese este informe.
“No está probado que, los heridos y/o fallecidos mencionados en los medios de comunicación social y en las redes sociales hayan sido producto del accionar de los integrantes de las patrullas de las Fuerzas Armadas”, sostuvo la institución.
No obstante, La Encerrona detalló en redes sociales que el documento tiene más de 1.600 páginas.
Hasta el momento no hay condenados por esos hechos ni Boluarte ha dispuesto separar a ningún efectivo de la cadena de mando tras este suceso, catalogado en Perú como la “masacre de Ayacucho”.
“Hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre“, determinó la CIDH.
