El informe fina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, deja mal parado al gobierno de Dina Boluarte y es que confirma que sí hubo graves violaciones a los derechos humanos, durante las protestas realizadas en diferentes ciudades del Perú entre diciembre del 2022 y marzo del 2023.
El documento, precisa ante las protestas, el Estado respondió con el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma con el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones.
También por el número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando en la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados.
Asimismo, este informe, también sería un jalón de orejas para el Ministerio Público a fin de que aceleren las investigaciones y se sancionen a quienes ordenaron disparar.
MÁS. Se considera que la fuerza potencialmente letal (armas) no pueden ser utilizadas para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida como, por ejemplo, la propiedad. “Solo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza”.
En total 56 personas perdieron la vida, entre ellas ocho adolescentes y un agente policial; y al menos 912 personas resultaron heridas.
RECOMENDACIONES. La CIDH, recomienda desde el más alto nivel del Estado, una estrategia de diálogo genuino, con enfoque étnico y territorial.
Diseñar una política pública con alcance nacional y con perspectiva de derechos humanos, que esté dirigida a la eliminación y prevención de la discriminación y estigmatización de personas con base en su origen étnico-racial o condición socioeconómica.
Asimismo, pide adoptar un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad que intervienen en manifestaciones.
Tomas medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales.
Aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el pasí.
